Eurydice publica el informe “La financiación de los centros educativos en Europa: mecanismos, métodos y criterios en la financiación pública”

Durante varios años, la Comisión Europea ha hecho un llamamiento a los Estados Miembro para que promocionen o favorezcan la inversión en educación a largo plazo. Además, en la agenda política se ha concedido gran importancia a la distribución equitativa y eficiente de los recursos. En la situación económica actual, estos objetivos cobran más relevancia que nunca.

portada

El informe La financiación de las escuelas en Europa: mecanismos, métodos y criterios en la financiación pública, que recientemente ha publicado la red Eurydice (red sobre los sistemas y las políticas educativas en Europa), ofrece un marco para el debate acerca del segundo objetivo: la distribución eficiente y equitativa de los recursos.

Para tratar de unificar criterios para el análisis comparado, el  informe divide en tres los niveles de autoridad: central (normalmente es el nivel nacional, y en sistemas descentralizados también el regional, denominado también “top level”), intermedio (que incluye el nivel regional o local) y nivel de centro educativo. Este informe contribuye a la comprensión de la estructura de los sistemas de financiación de la educación primaria y secundaria general a través del análisis de los niveles administrativos que intervienen en la financiación y de los métodos y criterios que éstos emplean para establecer los recursos que se asignan a los centros educativos.

Para determinar la cantidad de recursos que perciben los centros, cada país utiliza una serie de criterios que establecen las autoridades de nivel central/superior. En general, se tiene en cuenta el número de alumnos o el personal del centro aunque, en la mayoría de casos, a la hora de asignar recursos económicos, también se consideran las características individuales de los centros o de los alumnos, lo que permite que la financiación se haga de forma diferenciada. En general, se puede decir que la mayoría de los países incorporan criterios que ayudan a reducir las disparidades entre centros o áreas con vistas a garantizar la igualdad de oportunidades a todos los alumnos. Además de esta adjudicación de los recursos basada en criterios comunes acordados a nivel central, en algunos casos los centros tienen también la posibilidad de solicitar fondos específicos para cubrir las necesidades adicionales de sus alumnos.

El estudio abarca 27 de los 28 Estados Miembro de la UE, así como Islandia, Liechtenstein, Noruega y Turquía.