Cuentas y cuentos: el gasto por alumno

El coste comparado de un alumno en la enseñanza pública y concertada es un viejo tema en la eterna polémica sobre el sistema dual español. Por un lado –y dejando aparte la escuela privada, en la que el precio es libre y, la gratuidad, un derecho renunciado–, las enseñanzas regladas han de ser gratuitas, pero no lo son tanto. Es de dominio público que en la privada las familias realizan, bajo diversas figuras pagos sustanciosos, aunque resulta difícil determinar si con ello adquieren un plus, del tipo que sea –enseñanzas, servicios…– o simplemente compensan a las empresas por la ajustada dimensión de las subvenciones públicas. Y parece de dominio privado, ya que de ello se habla menos, que en la pública las familias afrontan gastos no desdeñables en bienes y servicios necesarios (libros, comedores…) o derivados de las circunstancias de su escolarización (clases de apoyo…). Por otro, es sabido que el gasto público por alumno es muy superior en la pública que en la privada, lo que unos ven como índice de mayor calidad y otros como indicio de ineficiencia.

Un artículo de Jesús Rogero-García y Mario Andrés-Candelas, “Gasto público y de las familias en educación en España: diferencias entre centros públicos y concertados” (REIS 147), afina los cálculos: un alumno en la pública le cuesta al Estado (a todo, no sólo al central) 5348€, pero en la concertada 2670 (el 49.9%); la familia, en cambio gasta 472€ si está en la pública y 1222 si en la concertada (el 258%). La diferencia es elevada, dos a uno, pero inferior a la proclamada por la patronal de la concertada (la CECE calculaba el gasto público por alumno en sus centros en un 42% de los públicos), y ello se debe seguramente a que los autores van más allá del procedimiento habitual e imputan el gasto en becas y ayudas y en actividades extraescolares, generalmente ignorado o imputado al sector público (en cambio, no suman el gasto en administración general, investigación educativa y formación del profesorado, de difícil imputación pero a menudo imputado en bloque a la pública).

Una implicación de estos cálculos es que el impulso a los conciertos ahorra dinero público pero aumenta el gasto privado y, como corolario, reduce el trato igualitario al hacerlo depender de los desiguales recursos familiares (las cifras son solo medias, pero la dispersión es mínima en el gasto público y máxima en el gasto privado). Pero otra, claro está, puede ser que, transfiriendo un alumno de la pública a la concertada, el Estado, que inicialmente se ahorraría 2678€, podría transferir a la familia 750 para compensar el previsible aumento de su gasto privado y le sobrarían 1.928 (o transferirle 1222, logrando la gratuidad absoluta, y todavía quedarían 1.456 para aumentar la calidad, para otro tipo de gasto o para reducir el déficit). Por supuesto, este es sólo un cálculo superficial, pues costes y diferencias variarían entre el campo y la ciudad, entre alumnos con y sin NEE, etc. En sentido inverso, también cabría emular la gestión privada para ofrecer los mismos resultados en la pública. Recuérdese que, en general, pública y privada ofrecen, descontada la composición social de su alumnado, resultados equivalentes.

Hay otros factores a considerar en la disyuntiva pública-privada, pero los números son crueles. Esto debieron de pensar en el Observatorio por la Educación Pública (OxEP) de Izquierda Unida cuando prepararon el informe “El coste de la plaza escolar en la pública y en la concertada. Desmontando un mito interesado“, cuya conclusión es que la diferencia de gasto entre esos puestos es de… ¡¡1€!! Quizá sea lo que cabía esperar de un Observatorio no de, sino por, la Educación Pública, pero, aun así, se trata de uno de los trabajos más surrealistas que le leído. Más que desmontar un mito, se pretende que mitifiquemos un montaje. Lo que hace el OxEP es, primero, dejar de lado los gastos financieros y de inversión por alumno de la escuela pública, con el argumento de que no se computan para los de la privada, ya que los conciertos sólo financian gastos corrientes y de personal. El problema es, primero, que, en todo caso, son gastos que hace el Estado para los alumnos de la pública; segundo, que son los que en la privada sufragan en parte las familias con las cuotas adicionales (así como las enseñanzas no regladas, otras actividades y otras fuentes). Es inconsistente denunciar, por un lado, que las familias gastan por ello más en la concertada e ignorar, por otro, que el Estado gasta por ello más en la pública. O lo uno, o lo otro.

La segunda parte del invento consiste en imputar a la concertada los gastos adicionales que tendría si su número de alumnos por unidad (grupo) descendiera, si su número de profesores por unidad aumentara (incluido que el número de horas lectivas por profesor disminuyera) y si los salarios de los profesores se elevaran… hasta igualar a los de la pública. Es decir, si en vez de ser la concertada fuera la pública. Este tipo de ejercicios inútiles se resumen en un viejo dicho: si mi abuela tuviera dos ruedas, sería una bicicleta.

A mí me recuerda más el cierre del diálogo final entre Diane Keaton y Woody Allen en genial película Misterioso asesinato en Manhattan, una vez resuelto el crimen y reconciliada la pareja:

engguitaPues eso: para quien le guste.